Informes
Económicos



Fecha: 12/2022

Presupuesto 2023. Distribución de fondos federales

La disputa sobre la distribución de recursos en el país, entre la nación y las provincias, que aún subsiste, deberá  resolverse mediante un profundo debate sobre la coparticipación federal de impuestos, mediante una nueva ley, evitando decisiones unilaterales que afecten el cumplimiento de lo que está actualmente vigente. 


Diciembre de 2022 – Un reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, decidió restituir el anterior esquema de coparticipación modificado intempestivamente por el actual gobierno en el año 2020 entre CABA y la provincia de Buenos Aires. El gobierno nacional resolvió en primera instancia no acatarlo, afectando seriamente la institucionalidad del país, generando efectos muy preocupantes sobre la seguridad jurídica, comprometiendo la previsibilidad y la confianza del país. No obstante, recientemente revisó su posición acatándolo, aunque se mantuvo en una actitud de default pagándolo con bonos. Dicho fallo, modifica el presupuesto 2023, CABA debía recibir de coparticipación unos $250.000 millones ($80.700 per cápita) y con esta decisión judicial, recibirá unos $520.000 millones ($168.000 per cápita; dejando de ser la de menores ingresos por habitante, ya que quedaría un poco por encima de la provincia de Buenos Aires en este indicador). Situación que restituye el anterior esquema, que el actual gobierno modificó unilateralmente. 

Fuera de ello, y retomando el análisis técnico motivo de este informe, el presupuesto 2023 no modifica los criterios claves respecto de años anteriores. Tomando en cuenta de que esta es la proyección de fondos para el último año del actual gobierno, surge la evidencia de que no hubo una política dirigida a una modificación en la relación fiscal entre la administración central y las provinciales.


Lo que miran las provincias: fondos “automáticos” y “no automáticos” que llegan desde nación

El presupuesto, además del gasto que Nación ejecuta en cada jurisdicción, incluye los fondos que les llegarán como transferencias. De la proyección de la recaudación nacional surge la estimación de la coparticipación.

Según el Presupuesto 2023, la recaudación nacional rondará los $35 billones incluyendo los ingresos de la Seguridad Social. De este total, $11,6 billones irán automáticamente a las provincias en concepto de coparticipación, leyes especiales y complementarias. 

La baja institucionalidad argentina es uno de los principales obstáculos para el desarrollo social y económico. Un ejemplo claro es el incumplimiento del mandato de la reforma constitucional de 1994, que establecía que debía haber una nueva ley en 1996. Hay 22 años de incumplimiento. La ley que rige es de 1988, cuando surgió la 23.548. Con esos coeficientes se reparten los recursos de manera automática. Estas transferencias automáticas reflejan la discrecionalidad de ese entonces.



La otra fuente importante de transferencias de fondos a provincias (no son gastos que Nación efectúa en el territorio, sino el envío de fondos a agentes públicos y privados provinciales) obedece a criterios discrecionales; no están asociados al cumplimiento de normativas específicas acerca de su reparto.

Incluyen transferencias corrientes a familias, empresas o para financiar programas de gasto corriente provincial (por ejemplo, programas de salud, educación, asistencia social que ejecutan las provincias con fondos nacionales) y también transferencias de fondos para que se ejecuten gastos de capital. Es en ese punto que el presupuesto permite una identificación cercana de los fondos que pasarán por las provincias como transferencias para ejecutar obras.

Las transferencias de capital proyectadas para el 2023 con asignación provincial específica suman unos $700.000 millones. En pesos por habitante, reflejan, una variabilidad mayor que la que exhibe la coparticipación. 

Santa Cruz, con $470.000 por habitante, encabeza la lista. Recibirá 139 veces más que la que cierra el ranking, Córdoba, con un promedio de $3.400 por cordobés. El coeficiente de variabilidad es del 271% del promedio de envíos por habitante para todas las provincias.



Un dato más: Proyectos de obras que nación planea ejecutar en cada provincia

Otra variable que se puede considerar es la de gasto de capital que el nivel nacional proyecta ejecutar en 2023 en obras públicas en las provincias. 

Son unos $500.000 millones, de los cuales $455.000 millones tienen asignación unívoca a una provincia o CABA, mientras que el resto es multijurisdiccional (por ejemplo, un puente o ruta que atraviesa dos o más provincias) o directamente se lo imputa al nivel nacional.

El reparto por provincia tiene implícito también un componente de discrecionalidad. En valores absolutos, Buenos Aires es la ganadora con proyectos por $186.000 millones. Sin embargo, la medición relativa muestra que la provincia en la que más gasto por habitante promedio se proyecta es La Rioja con $41.300 por habitante. 

La que menos obra pública per cápita recibirá es CABA, en donde Nación gastaría $4.700 per cápita. La variabilidad en esta cuenta (coeficiente de variación del 68%) es mayor a la de la coparticipación, pero inferior a la de las transferencias de capital.


La consideración de las transferencias de capital y de los proyectos por provincia, permite cambios menores en el ranking original de los envíos per cápita en concepto de coparticipación, dado que la magnitud de la coparticipación es determinante. 

Una vez que se consideran conjuntamente todos los conceptos en términos per cápita, el ranking original de coparticipación se ve levemente modificado. Al tope queda Santa Cruz, mientras que CABA se mantiene como la que menos fondos recibe.



En una coyuntura en la que priman las urgencias y las políticas económicas del tipo “vamos viendo”; no se percibe una demanda ciudadana por un federalismo más ordenado. Queda claro en el presupuesto 2023 que la visión del Gobierno nacional es seguir utilizando los instrumentos creados hace 35 años, donde fondos de una estructura tributaria desordenada ingresan a una maraña de la que salen para ser usados de una manera tal que no se combaten las desigualdades y atrasos relativos.