Expediente y firma digital son tan solo palabras que pasaron de moda. Esos primeros pasos en los albores de la digitalización de la justicia, demostraron ser un minúsculo eslabón de una larga cadena que hizo su aparición de manera explosiva en estas últimas semanas. 

Y es que, de un día para el otro, así repentinamente, nos vimos obligados a instalar una cultura de trabajo de la que muchos tradicionalistas todavía renegaban, pero que, a fuerza de la emergencia, también se vieron involucrados en la digitalización judicial. 

La pandemia nos ha puesto en evidencia cuán innecesario es el papel a la hora de “presentar escritos” y de “dictar resoluciones”, sin dejar de mencionar a los dictámenes, oficios, pedidos de informes, y muchos más. 

Con un baldazo de agua fría, al estilo ice bucket challenge, nos dimos cuenta de que las declaraciones de personas imputadas, testigos, juicios abreviados y hasta juicios comunes, entre otros, podían ser tramitados con total normalidad a través de video conferencia. Imagino una audiencia de selección de jurados populares con la presencia virtual de las partes esenciales. Los próximos, serán procesos con un diálogo más activo, con una oralidad plena. 

El home office, el teletrabajo, nos brindaron la oportunidad –forzosa e indispensable– de comenzar a utilizar todas las herramientas virtuales que tenemos diariamente a disposición, para destacar que las labores judiciales sí pueden ser realizadas a distancia. Así como las empresas y los estudios jurídicos se ha digitalizado, también lo ha hecho el servicio de justicia.

El tiempo de la pospandemia nos presentará nuevos desafíos, muchos de los cuales hoy no se pueden imaginar, pero sí reconocer que algunos de ellos estarán fuertemente vinculados a la importante y difícil situación de recolectar y presentar pruebas (pienso en la incorporación al proceso penal). Ni hablar de la construcción de una estructura técnica sólida y sostenible en el tiempo, servidores, seguridad informática, y porqué no también, de blockchain como certificado de legalidad. 

La circunstancia mencionada, hará posible una cooperación global entre todos los organismos que se encuentran vinculados con el servicio de justicia, lo que fortalecerá una respuesta más rápida y eficiente, para reducir tiempos y eliminar costos. 

* Abogado, miembro de la Sala Penal del Instituto de Investigaciones Jurídicas Empresariales de la Bolsa de Comercio de Córdoba.